Desintegración del Estado de Derecho.

Pocos días atrás se difundió ampliamente una realidad perfectamente conocida por quienes de alguna u otra forma estamos en contacto con el ámbito judicial venezolano; me refiero a la dependencia que mantiene el Poder Judicial de nuestro país respecto de otras ramas del Poder Público Nacional, básicamente respecto del Poder Ejecutivo. Para algunos, la reciente entrevista que el destituido magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Eladio Aponte Aponte concedió a SoiTv  es “reveladora” en relación a la situación del funcionamiento del Estado venezolano, sin embargo, esto realmente es historia vieja, y estas declaraciones simplemente dieron a conocer ciertos detalles de cómo opera esa intromisión en el Poder Judicial. Lo realmente impactante de la entrevista, y a la vez altamente indignante, es que la podredumbre de nuestro sistema de justicia haya sido reconocida por uno de sus funcionarios de mayor jerarquía hasta hace poco tiempo (quien ocupaba la presidencia de la Sala de Casación Penal, máxima instancia en materia de justicia criminal), y que a la vez fue partícipe de muchos de los actos irregulares producidos en el seno del aparato jurisdiccional.

Encuentro oportuno hacer ciertas consideraciones dirigidas a quienes no comprendan la gravedad de la situación, ni conozcan la estructura del Estado venezolano. Venezuela es en teoría un Estado de Derecho, es decir, una entidad socio-política donde las instituciones que la gobiernan y dirigen están sometidas al Derecho y limitadas por éste, creándose así un margen fuera del cual no pueden actuar, para evitar la comisión de arbitrariedades, la concentración del poder y la violación de los derechos humanos. Así pues, la consagración de Venezuela como Estado de Derecho se halla en la Constitución de la República (Artículo 2 de la Carta Magna), y consecuentemente es a ella que se encuentra sometido el poder. De nuestra máxima norma se infiere que los pilares en que se sustenta nuestro Estado de Derecho son la legalidad o imperio de la ley como principio de actuación estatal; los derechos humanos como facultades inherentes a la persona; y la separación de las funciones del Poder Público en ramas diferenciadas y autónomas entre sí, como principio de estructuración del Estado.

Es precisamente este último pilar, la comúnmente llamada “separación de poderes” (que realmente debe ser considerada como separación y autonomía de las funciones del Poder Público, al ser éste uno solo y no múltiples “Poderes”), que se encuentra consagrada en el artículo 136 de la Constitución y en lo que refiere al Poder Judicial específicamente en el artículo 254 constitucional, lo que brilla por su ausencia en nuestro país y compromete la existencia del Estado de Derecho, y a lo que se refieren en gran parte Aponte Aponte y la periodista que lo entrevistó.

Frases como “el Poder Judicial…tal autonomía no la hay…”, “…un poder independiente, eso es una falacia”, “el Vicepresidente es el que maneja la justicia en Venezuela”; pronunciadas por el antes verdugo y ahora perseguido abogado, permiten apreciar que el Estado de Derecho en Venezuela se ha desintegrado, en gran parte por la ya referida intrusión del Poder Ejecutivo en la actuación del Poder Judicial. El hecho de que el Vicepresidente Ejecutivo, segundo funcionario en jerarquía dentro de la Administración Pública central, “maneje la justicia en Venezuela” y se reúna -como también se dijo en la entrevista- todos los viernes con altos funcionarios judiciales para crear las directrices de la justicia en el país, es una gravísima violación constitucional y una inmoralidad mayúscula. Peor aún, Aponte Aponte indicó que el mismísimo Presidente de la República, Hugo Chávez, lo llamó para ordenarle lo que debía decidir en ciertos casos de su interés.

Quiero recalcar que lo más espantoso de las declaraciones ofrecidas por este sujeto de tan baja calaña no es su conexión con el narcotraficante Walid Makled (bastante terrible por sí misma), sino el descaro con que reconoció que muchos de los juicios penales más emblemáticos de los últimos tiempos por su alto tono político, como lo son los casos Mazuco, Afiuni, Usón o Simonovis; fueron arreglados y “trampeados” para condenar a las personas imputadas y favorecer al gobierno nacional.

Así las cosas, ¿qué depara el futuro a Venezuela? Mientras el funcionamiento del Estado sea éste, en el que el Ejecutivo Nacional es todopoderoso, controla al Poder Judicial, y no tiene vigilancia por parte del Legislativo; nuestro país está condenado a dirigirse por la vía del despotismo y convertirse en una dictadura. Mientras a la pregunta formulada por la entrevistadora de “¿cómo queda la independencia de los poderes en Venezuela?”, la respuesta sea el “yo creo que no hay tal independencia” dicho por Aponte Aponte; Venezuela no tendrá futuro. No quiero parecer en exceso pesimista, pero esta es la realidad. Hoy parece más vigente que nunca lo expresado por Montesquieu, forjador y difusor de la teoría de la separación de poderes, en su obra ‘El espíritu de las leyes’: “En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente.”

Este escenario en que nos encontramos debe servirnos para dejar el letargo atrás, y tomar conciencia de que debemos hacer respetar la Constitución Nacional, hacer valer nuestros derechos, y desechar el actual gobierno. Es necesario que todos denunciemos a viva voz los sostenidos abusos del régimen, y sobre todo, es necesario que este Octubre ejerzamos nuestro derecho al voto para intentar de una vez por todas darle esperanzas a Venezuela y cambiar el panorama presente.


Por último, les dejo un enlace al video que contiene la entrevista concedida por Eladio Aponte Aponte: http://www.youtube.com/watch?v=uYIbEEGZZ6s

José Alberto Vargas La Roche.

 “Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor”.

Charles-Louis de Secondat, Barón de Montesquieu.