Pocos días atrás se difundió ampliamente una
realidad perfectamente conocida por quienes de alguna u otra forma estamos en
contacto con el ámbito judicial venezolano; me refiero a la dependencia que
mantiene el Poder Judicial de nuestro país respecto de otras ramas del Poder
Público Nacional, básicamente respecto del Poder Ejecutivo. Para algunos, la reciente
entrevista que el destituido magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Eladio
Aponte Aponte concedió a SoiTv es
“reveladora” en relación a la situación del funcionamiento del Estado
venezolano, sin embargo, esto realmente es historia vieja, y estas
declaraciones simplemente dieron a conocer ciertos detalles de cómo opera esa
intromisión en el Poder Judicial. Lo realmente impactante de la entrevista, y a
la vez altamente indignante, es que la podredumbre
de nuestro sistema de justicia haya sido reconocida por uno de sus funcionarios
de mayor jerarquía hasta hace poco tiempo (quien ocupaba la presidencia de la
Sala de Casación Penal, máxima instancia en materia de justicia criminal), y
que a la vez fue partícipe de muchos de los actos irregulares producidos en el seno
del aparato jurisdiccional.
Encuentro oportuno hacer ciertas consideraciones
dirigidas a quienes no comprendan la gravedad de la situación, ni conozcan la
estructura del Estado venezolano. Venezuela es en teoría un Estado de Derecho, es decir, una
entidad socio-política donde las instituciones que la gobiernan y dirigen están
sometidas al Derecho y limitadas por éste, creándose así un margen fuera del
cual no pueden actuar, para evitar la comisión de arbitrariedades, la
concentración del poder y la violación de los derechos humanos. Así pues, la
consagración de Venezuela como Estado de Derecho se halla en la Constitución de la
República (Artículo 2 de la Carta Magna), y consecuentemente es a ella que se
encuentra sometido el poder. De nuestra máxima norma se infiere que los pilares
en que se sustenta nuestro Estado de Derecho son la legalidad o imperio de la
ley como principio de actuación estatal; los derechos humanos como facultades
inherentes a la persona; y la separación de las funciones del Poder Público en
ramas diferenciadas y autónomas entre sí, como principio de estructuración del
Estado.
Es precisamente este último pilar, la comúnmente llamada
“separación de poderes” (que realmente debe ser considerada como separación y
autonomía de las funciones del Poder Público, al ser éste uno solo y no múltiples
“Poderes”), que se encuentra consagrada en el artículo 136 de la Constitución y
en lo que refiere al Poder Judicial específicamente en el artículo 254
constitucional, lo que brilla por su ausencia en nuestro país y compromete la
existencia del Estado de Derecho, y a lo que se refieren en gran parte Aponte
Aponte y la periodista que lo entrevistó.
Frases como “el
Poder Judicial…tal autonomía no la hay…”, “…un poder independiente, eso es una falacia”, “el Vicepresidente es el que maneja la justicia en Venezuela”;
pronunciadas por el antes verdugo y ahora perseguido abogado, permiten apreciar
que el Estado de Derecho en Venezuela se ha desintegrado, en gran parte por la
ya referida intrusión del Poder Ejecutivo en la actuación del Poder Judicial.
El hecho de que el Vicepresidente Ejecutivo, segundo funcionario en jerarquía
dentro de la Administración Pública central, “maneje la justicia en Venezuela”
y se reúna -como también se dijo en la entrevista- todos los viernes con altos
funcionarios judiciales para crear las directrices de la justicia en el país,
es una gravísima violación constitucional
y una inmoralidad mayúscula. Peor aún, Aponte Aponte indicó que el mismísimo
Presidente de la República, Hugo Chávez, lo llamó para ordenarle lo que debía decidir en ciertos casos de su interés.
Quiero recalcar que lo más espantoso de las
declaraciones ofrecidas por este sujeto de tan baja calaña no es su conexión
con el narcotraficante Walid Makled (bastante terrible por sí misma), sino el
descaro con que reconoció que muchos de los juicios penales más emblemáticos de
los últimos tiempos por su alto tono político, como lo son los casos Mazuco,
Afiuni, Usón o Simonovis; fueron arreglados
y “trampeados” para condenar a las personas imputadas y favorecer al
gobierno nacional.
Así las cosas, ¿qué depara el futuro a Venezuela?
Mientras el funcionamiento del Estado sea éste, en el que el Ejecutivo Nacional
es todopoderoso, controla al Poder Judicial, y no tiene vigilancia por parte
del Legislativo; nuestro país está condenado a dirigirse por la vía del
despotismo y convertirse en una dictadura.
Mientras a la pregunta formulada por la entrevistadora de “¿cómo queda la independencia de los poderes en Venezuela?”, la
respuesta sea el “yo creo que no hay tal
independencia” dicho por Aponte Aponte; Venezuela no tendrá futuro. No
quiero parecer en exceso pesimista, pero esta es la realidad. Hoy parece más
vigente que nunca lo expresado por Montesquieu, forjador y difusor de la teoría
de la separación de poderes, en su obra ‘El espíritu de las leyes’: “En el Estado en
que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del
pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes,
de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de
los particulares, todo se perdería enteramente.”
Este escenario en que nos encontramos
debe servirnos para dejar el letargo atrás, y tomar conciencia de que debemos
hacer respetar la Constitución Nacional, hacer valer nuestros derechos, y desechar
el actual gobierno. Es necesario que todos denunciemos a viva voz los sostenidos
abusos del régimen, y sobre todo, es necesario que este Octubre ejerzamos nuestro derecho al voto para
intentar de una vez por todas darle esperanzas
a Venezuela y cambiar el panorama presente.
Por último, les dejo un enlace al video que contiene la entrevista concedida por Eladio Aponte Aponte: http://www.youtube.com/watch?v=uYIbEEGZZ6s
Por último, les dejo un enlace al video que contiene la entrevista concedida por Eladio Aponte Aponte: http://www.youtube.com/watch?v=uYIbEEGZZ6s
José Alberto Vargas La Roche.
“Cuando los poderes legislativo y
ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no
hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes
tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder
judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido
al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería
arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al
segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un
agresor”.
Charles-Louis de Secondat, Barón de
Montesquieu.
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