El lamentable hecho ocurrido el pasado fin de
semana, en el que la joven hija del Cónsul de Chile en la ciudad de Maracaibo
perdió la vida en una supuesta alcabala, a manos de un irresponsable grupo de
funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC), me produce una tristeza infinita. No conocí a Karen Berendique
(que tenía la misma edad que yo), pero aún así, una sensación de gran
pesadumbre me dominó cuando supe de la noticia; es imperdonable que una vida
humana sea arrebatada de esa manera por culpa de la inmoralidad que reina en el
país, y más aún tratándose de alguien que tenía mucho por vivir.
Ya a nadie le sorprende como la violencia reina en
Venezuela, como las armas abundan entre la población civil, ni como quienes
portan armas -sean personas civiles,
agentes de seguridad, o militares- se creen todopoderosos. Tampoco resulta
sorprendente en este afligido país que los órganos policiales sean corruptos
por naturaleza, extorsionadores de profesión, y cómplices de la delincuencia;
los venezolanos lamentablemente nos acostumbramos a esta situación. Sin
embargo, que los funcionarios de un órgano del Estado venezolano creado para
servir de auxiliar al sistema de justicia en las investigaciones penales, como
lo es el CICPC, se conviertan en perpetradores del peor de los delitos,
representa llegar a un nuevo nivel de descomposición nacional.
El asesinato de Karen Berendique no constituye un
hecho aislado, sino que forma parte de una cadena de actos ilícitos llevados a
cabo en el seno de los organismos que supuestamente deberían brindar seguridad
ciudadana, actos que generalmente pasan desapercibidos por ser cometidos contra
habitantes de los barrios pobres, y que lamentablemente sólo con la muerte de
una persona de un perfil un poco mayor salen a la luz. El asesinato de Karen refleja,
además, el grado de mediocridad generalizada existente en dichos organismos.
Así pues, es preocupante que los elementos que integran los cuerpos de policía
estén caracterizados por su escasa formación académica, su bajo nivel de
entrenamiento para el desempeño de sus funciones, y su nula educación en
valores humanos y ciudadanos. Toda mala práctica policial es consecuencia clara
de estos atributos que poseen nuestros agentes de “seguridad”.
Es obligación del Estado venezolano garantizar a
la población un sistema de seguridad policial de calidad, y claramente no lo
está haciendo. Para ello, sería necesario que la administración pública en sus
distintos niveles fuera más selectiva en cuanto a los ingresos de individuos a
las academias policiales y garantizará un programa de formación y preparación
integral a sus futuros agentes. Asimismo, y sobre todas las cosas, es imperante
que los gobiernos -nacional, estadales y municipales- se aboquen a realizar un
proceso de depuración de la totalidad de órganos de seguridad que controlan,
deshaciéndose de los funcionarios incompetentes e indeseables; y que el Poder
Judicial no permita que los “policías malandros” queden impunes de sus faltas y delitos.
Quiero terminar esta reflexión extendiendo mi
sentido pésame a la familia de Karen Berendique, y rogando al Estado venezolano
que actúe y no convierta éste en otro caso de impunidad descarada, sino que haga
caer todo el peso de la ley sobre los asesinos que cometieron esta aberración;
por la memoria de ella, y de todos los venezolanos caídos, y por el bien de
todos quienes vivimos en constante peligro.
José Alberto Vargas La Roche.
Que así sea, que la muerte de esta joven, a manos de bandoleros policiales, no quede impune y sirva para "mover el piso" de las instancias responsables de la seguridad de los venezolanos...Que su asesinato no se convierta en un tema de conversación pasajero, y la verdadera dimensión de la situación cale en la población, impulsándola a actuar responsable mente como ciudadanos, exigiendo un verdadero cambio en el corrupto y podrido ámbito de los cuerpos de seguridad. Que la muerte de esta joven, y de tantos otros venezolanos anónimos, no quede impune!!!!!!!
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